El Poder Ejecutivo realizó modificaciones en los valores límites, en el etiquetado frontal de alimentos que alerta sobre el exceso de azúcar, sal y grasas, entre otros cambios propuestos.

El Observatorio del Derecho a la Alimentación (ODA) Nutrición de la Universidad de la República (Udelar) observa con preocupación esta medida, que en definitiva dilata y confunde, una normativa que debería desde marzo 2020 estar funcionando y que tiene su origen en 2018. Uruguay cuenta con antecedentes de medidas en materia de promoción y protección en  salud , reconocidas internacionalmente, en donde se priorizó la salud de los ciudadanos sobre los intereses económicos de la industria. Por tanto pensar en términos de alimentación y nutrición no debería ser la excepción. Vale recordar que la redacción del decreto original de etiquetado de alimentos contó con la intervención de múltiples actores ministeriales, además de la Intendencia de Montevideo, y la Udelar, esta ultimá generó la evidencia científica que sustentó el decreto original. Además la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destacaron en 2018 a Uruguay por  su normativa y subrayaron la importancia de la medida como contribuyente a la mejora de la salud y el bienestar de la población uruguaya, ubicando al país, como ejemplo para el mundo en materia de protección de derechos en salud.

Desde el ODA manifestamos que la puesta en vigencia del decreto sobre etiquetado frontal de alimentos no admite más demoras ni modificaciones, la situación nutricional de la población es la evidencia más robusta con la que contamos y negarla implica comprometer la salud de todos y todas y en especial de niños, niñas y adolescentes. También compartimos que una sola medida aislada no basta para combatir el avance de la malnutrición por exceso y las enfermedades no transmisibles en el país pero sin duda esta aporta y mucho a:

  1. garantizar el Derecho a una alimentación adecuada.
  2. garantizar al consumidor el derecho a contar con información clara, objetiva y sencilla para tomar decisiones sobre que alimentos consumir
  3. proteger el consumidor de engaños y desestimular que los productos no saludables formen parte de la dieta diaria.

Autora: Mag. Alejandra Girona

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